Ciudad de México, 12 de enero (SinEmbargo).– Conquista de las organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles durante los gobiernos de la alternancia (2000-2012), la Transparencia en México fue como un castillo en el aire que parece haberse derrumbado con el regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al poder, de acuerdo con instituciones especializadas nacionales y extranjeras.
Poco a poco, el Presidente Enrique Peña Nieto le ha dado la espalda al compromiso que el 21 de mayo de 2012 hizo en su Manifiesto por una Presidencia Democrática sobre el derecho a la información y la rendición de cuentas.
Sus acciones dan cuenta de un estilo que tiende más a lo opaco que a lo luminoso:
Tres párrafos difusos en el Plan Nacional de Desarrollo, una declaración patrimonial escueta, la lista incompleta de las unidades responsables de la Presidencia, la falta de registro de los bienes inmuebles de su cónyuge en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal, el desmantelamiento de Compranet y negativas a través del IFAI sobre su vida y la de su familia dentro de la residencia oficial de Los Pinos.
El 2014 arranca con el dictamen de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG ) en los congresos locales. Si es validada por más de la mitad, podrá ser promulgada por el jefe del Ejecutivo. La nueva legislación fortifica la autonomía institucional del IFAI y aumenta el número de sujetos obligados, entre ellos políticos y sindicatos. Pero implica también que esos mismos sujetos están en posibilidades de negar información si el consejero jurídico de la Presidencia de la República considera que el requerimiento afecta la seguridad nacional.
Otros órganos autónomos como el Banco de México (Banxico), el Instituto Federal Electoral (IFE) o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) podrán interponer controversias ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuando determinen que la actuación del IFAI interfiera con su labor.
“Ilusión óptica”, le llama Ernesto Villanueva, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a la nueva legislación. Aduce que para llegar a los políticos y sindicatos hay un entramado complejo; pero además, en el concepto de “seguridad nacional”, como excepción para brindar información, caben muchas cosas.
En su resumen sobre el primer año de gestión de Enrique Peña Nieto respecto a la Transparencia dice: “Lo que hemos tenido es un proceso de regresión. La reforma constitucional a la Ley de Transparencia le da la última palabra a la federación y hace que las peticiones de los ciudadanos se vuelvan largas y cansadas. Es decir, al final, no habrá información pública disponible”.
Como en juego de paradojas, el año pasado, México, junto con Indonesia, asumió la presidencia de la Alianza para el Gobierno Abierto, una organización internacional que busca mejorar la relación entre los gobiernos y la sociedad. Para el gobierno federal resultó una suerte de premio.
Ernesto Gómez Magaña fue uno de los impulsores de la membresía mexicana en esa alianza durante la década pasada. Desde la ONG Contraloría Ciudadana, pone en duda que México pueda tomar el liderazgo en esta materia después de una serie de prácticas en la política nacional con marcados tintes de oscuridad, pero además teme que los observadores internacionales dejen de voltear hacia el país con mirada crítica sobre la materia.
Hasta el día de ese nombramiento –el 31 de octubre–, el Presidente no había hecho un pronunciamiento formal sobre la Transparencia y la Rendición de Cuentas. Esa mañana, utilizó la página web de la Presidencia para enviar un mensaje. Anunció que por primera vez, la Oficina de la Presidencia –a cargo de Aurelio Nuño– contaría con una coordinación encargada de ejecutar la Estrategia Digital Nacional (EDN) y explicó: “Parte distintiva de este esfuerzo transversal es que hemos adoptado a la Transparencia como un imperativo gubernamental inaplazable”.
Días después, el Presidente presentó la EDN, cuyo diseño prevé agrupar miles de trámites y aplicaciones fiscales, imbuido todo en la Transparencia. Pero ello tendrá que esperar. El programa no podrá ser funcional sino hasta dentro de dos años.
VIVIR BAJO VELOS
No hizo falta una nueva ley para que la Presidencia de la República incurriera en omisiones y negativas ante el IFAI. Desde el arranque de su gobierno, el Presidente se inclinó por la discreción. El 30 de marzo de 2012 firmó ante notario que haría pública su declaración de bienes. Y así lo hizo el 16 de enero. Pero en el documento que presentó no dijo cuánto dinero tiene en cuentas bancarias o en otro sitio, ni el valor de las las joyas y obras de arte que posee.
Lo que dijo fue que tenía cuatro casas, cuatro terrenos, un departamento, obras de arte, joyas, monedas y metales, así como cuentas bancarias y fondos de inversión. Dijo también que gana 193 mil 478 pesos al mes, sueldo que por ley debe encontrarse en el Portal de Obligaciones de Transparencia, como el de cualquier otro funcionario público. Y dijo que parte de su fortuna se debe a donaciones.
Si la declaración patrimonial del Presidente fue escueta, la personalidad en términos de Transparencia de la primera dama, Angélica Rivera, es inexistente. A diferencia de su antecesor, Felipe Calderón Hinojosa –quien declaró en conjunto sus bienes y los de su esposa, Margarita Zavala–, Peña Nieto no incluyó a su consorte en su reporte. Y ella, en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal no cuenta con un solo bien registrado bajo su nombre, de acuerdo con una búsqueda de SinEmbargo.
De la primera dama no se sabe mucho; pero tampoco de los otros habitantes de la residencia oficial de Los Pinos: los seis hijos de la pareja presidencial. La casona de Constituyentes fue remodelada para recibir a Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera y los vástagos de los dos. El primer mes de su gobierno –diciembre de 2012– la familia habitó una casa en Las Lomas de Chapultepec porque la residencia de Los Pinos no contaba con las habitaciones suficientes para todos.
Pese a ello, la Presidencia se negó a responder de cuánto fue la inversión para la reconstrucción. A la solicitud 0210000088013 de SinEmbargo dijo que tras una búsqueda exhaustiva de la secretaria técnica del Consejo de Seguridad Nacional, no se localizó documento alguno relacionado con la información requerida.
Tampoco respondió sobre el gasto en alimentación de la familia. La instancia adujo a la petición 0210000088313 que según la Dirección de Programación y Presupuesto adscrita a la Dirección General de Finanzas Públicas, no se identifican registros presupuestales por concepto de gastos de alimentos exclusivos para el Presidente y su familia.
Las preguntas, como un rosario, también rodean a otro pilar de la Presidencia de la República durante 2013: el Pacto por México. ¿Cuánto costó el convenio que permitió las cinco reformas estructurales que el Ejecutivo envió al Congreso de la Unión el año pasado? ¿Cuánto costaron los anuncios que lo promocionaron en los medios masivos? Son algunas de las cuestiones. Y ante ellas, la Presidencia de la República respondió a este sitio digital que el gasto del convenio no era de su competencia en el folio con número 0210000079713. Los partidos políticos –los otros signatarios del Pacto- también se niegan a dilucidar de dónde salió el dinero que sostuvo al convenio casi un año.
En paralelo, Compranet, el espacio creado para difundir licitaciones y programas anuales de adquisiciones, arrendamientos de bienes y servicios, así como de obra pública del gobierno federal, cambió de página web. Ahora, en ese producto en línea ya no es posible tener acceso a los contratos ni las asignaciones directas que otorga el gobierno federal.
Tras 14 meses de gobierno aún quedan pendientes. La Presidencia de la República no ha completado el contenido de su sitio cibernético, la ventana tecnológica a través de la cual puede informar a sus ciudadanos sobre el quehacer del primer mandatario y otros servidores públicos.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación, son 12 las unidades responsables de la Presidencia, pero en la página aparecen sólo siete. Falta incluir a la Coordinación General de Administración, la Coordinación de Gabinetes y Proyectos Especiales, la Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales; también a la Conservaduría de Palacio Nacional, así como al Órgano Interno de Control.
